Cuarenta y un trabajadores de Globovisión y tres directivos afirman ser las víctimas, dicen tener daños psicológicos y responsabilizan al Presidente Chávez por ellos. Su abogado, Carlos Ayala, preside una organización a la que pertenecen dos de los jueces de la Corte, que además recibe financiamiento de la NED, la USAID y otros organismos estadounidenses.Yvke Mundial, Venezolana de Televisión, RNV
Jueves, 8 de Mayo de 2008. 1:42 am
Comenzó este miércoles la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de la demanda presentada por directivos y un grupo de trabajadores de la empresa privada de comunicación Globovisión contra el contra el Estado venezolano, por supuestas agresiones.
El abogado defensor, Germán Saltron, explicó que este miércoles se introdujeron en la audiencia los alegatos de la defensa en contra de las denuncias interpuestas.
Se presentó a Omar Solórzano como testigo y a Alis Carolina Fariña Santiago, como la representante de los peritos locales.
Luis Britto García, asesor del gobierno venezolano y especialista en medios de comunicación, señaló que en la demanda "se están invocando hechos que en gran parte no están probados, y no se han agotado las instancias del derecho interno.
Pero además de esto, se omite la propia conducta de los medios de comunicación que han instigado el odio, a la guerra civil, al golpe de estado, al magnicidio".
El juicio más mediático de la Corte Interamericana
Este podría convertirse en el juicio más mediático de la CIDH, según afirma una investigación llevada a cabo por el canal Venezolana de Televisión, cuyos resultados se plasman en seis micros que incluimos en esta nota.
Cuarenta y cuatro personas argumentan ser presuntas víctimas del Estado venezolano: 3 directivos de Globovisión, 16 periodistas, 10 camarógrafos, 10 asistentes, 2 técnicos, 1 productor y 2 trabajadores, que acusan al Estado venezolano de violar el derecho a la libertad de expresión, a las garantías judiciales, a la integridad personal y a la propiedad. Sólo 9 víctimas denuncian agresiones de carácter físico.
Treinta y siete de las denuncias hacen referencia a presuntos daños psicológicos por ataques verbales y hostigamientos que los denunciantes habrían sufrido entre 2002 y 2004. Responsabilizan al Presidente de la República y al Estado venezolano, y piden indemnizaciones por cerca de un millón de dólares.
Es de notar que las demandas hacen referencia a violaciones de los derechos humanos de la empresa Globovisión, algo contradictorio dado que una empresa no tiene derechos de este tipo. La demanda es llevada por el abogado Carlos Ayala Corao, quien fuera acusado por su presunta participación en el decreto de Pedro Carmona en el golpe de 2002.
Ayala maneja múltiples conexiones con los integrantes de la Comisión Interamericana; fue miembro de la CIDH y preside actualmente la Comisión Andina de Juristas, organización privada financiada desde EEUU por la National Endowment for Democracy (NED), USAID y otras organizaciones del gobierno estadounidense que actúan como de forma injerencionista financiando las causas que apoyan sus intereses en todo el mundo. Ayala Corao es el hombre clave en esta operación: es presidente de la Comisión Andina de Juristas y también actúa como abogado de las supuestas víctimas.
Al menos dos de los jueces de la CIDH que juzgarán al Estado venezolano en el caso de la periodista de Globovisión, Gabriela Perozo y otros en contra del Estado venezolano, forman parte de la Comisión Andina de Juristas: Cecilia Medina Quiroga y Diego García Sayán. Sólo éste último se inhibió de la causa.
De esta forma, el abogado de Globovisión preside un organismo que tiene dos fichas en la CIDH, incluyendo a Cecilia Medina Quiroga, su actual presidenta. Ayala también influye sobre su acusadora, la CIDH que dirige Santiago Cantón, pues fue miembro de esta hasta 1999. De esta forma, se armó una red de intereses, jueces, acusadores, demandantes, medios de comunicación y hábiles negociantes que se coordinan para un único veredicto: culpar a Venezuela de violación de derechos humanos.
CIDH recibe lineamientos de la Casa Blanca La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está controlada por organizaciones supuestamente para la defensa de derechos humanos, pero que en realidad recibe los dictados de la Casa Blanca y recibe fondos de agencias del gobierno estadounidense.
Paolo Carozza, estadounidense, es el presidente de la CIDH a pesar de que el país donde nació no ha ratificado el texto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, organización muy influyente en el Departamento de Estado a la que pertenecen diferentes corporaciones, como el Grupo Rockefeller, Citybank, IBM y Coca Cola. Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la CIDH, es el ejemplo más sobresaliente de ensañamiento contra Venezuela. Su actuación en abril de 2002 fue particularmente polémica.
A pocas horas de consumado el golpe de Pedro Carmona, Cantón envió una carta al "Excelentísimo José Rodríguez Iturbe", canciller del gabinete golpista, reconociendo la autoridad del gobierno de facto pero pidiendo medidas cautelares urgentes para garantizar la vida "del señor Hugo Chávez Frías".
Veintidós causas contra Venezuela durante gobierno de Chávez La CIDH ha tenido una actitud totalmente sesgada contra Venezuela, en particular durante el gobierno del Presidente Chávez. Desde 1970 ha admitido 26 casos contra el Estado venezolano, de las cuales sólo 4 fueron admitidas antes de 1999 y 22 después de la toma de posesión de Hugo Chávez.
La CIDH no dictó ninguna medida cautelar para proteger los derechos humanos en Venezuela ni siquiera en febrero de 1989, cuando ocurrió una masacre masiva de civiles en el Caracazo. Tampoco se preocupó de políticos ni periodistas ni medios venezolanos durante las numerosas masacres, torturas, desapariciones, asesinatos, cierre de medios y censuras que ocurrieron en esa época.
Este jueves continúa el melodrama
Este miércoles Gabriela Perozo, periodista de Globovisión, testificó sobre el supuesto ataque a un vehículo del canal que quedó destruído, pero el relato no fue confirmado por la asistente que acompañaba a Pedrozo.
Saltrón calificó tales hechos como un libreto de melodrama. “Como pudimos observar, es un libreto tipo melodrama: lloraron, dijeron que se habían violado sus derechos, que no existe libertad de expresión en Venezuela, etcétera.
Pero eso, como es una declaración de personas que trabajan en un medio televisivo, es normal. Creo que eso no influirá en absoluto para cambiar la posición de esta ilustre Corte, que creo deberá decidir conforme a derecho y no a criterios políticos”.
Saltrón explicó que este jueves se dará la segunda y última audiencia, y posteriormente el estado venezolano tendrá un lapso adicional de un mes, para presentar contestación escrita a fondo, mientras las supuestas víctimas también lo harán.
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