(Ciudad Guayana, martes, 01 de marzo de 2011) Sin lugar la acusación de agavillamiento. El inicio de la lectura de la sentencia, luego de una prolongada espera en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Guayana, guardaba relación con el ambiente cargado de la ilusión de ver salir por la puerta grande de la sede local del Poder Judicial a Rubén González, el dirigente sindical que ha estado privado de su libertad por ejercer el derecho a la protesta en Ferrominera Orinoco, en agosto de 2009.
La segunda parte del dictamen cambiaría la historia de un día en el que la palabra libertad se coreó, se anheló, se llenó de vida. La jueza Magda Hidalgo, del Tribunal Sexto de Juicio en función penal, expuso muy breve las razones por las que Rubén González continuará tras las rejas, ahora por siete años más.
Hidalgo lo halló culpable de los delitos de instigación a delinquir, restricción de la libertad al trabajo y violación de la zona de seguridad (artículo 56 de la Ley de Seguridad de la Nación).
Visto así la receta de la criminalización de la protesta esta vez vino completa.
Los trabajadores y vecinos estaban contentos. Organizaban una fiesta en Ciudad Piar para recibir al secretario general de Sintraferrominera, Rubén González.
En las afueras del Palacio de Justicia prepararon carteles que le daban la bienvenida y celebraban su regreso para ponerse al frente de la defensa de los trabajadores en Ferrominera Orinoco (FMO).
La mañana transcurrió con la presentación de las conclusiones. La defensa hizo hincapié en el ejercicio de una huelga pacífica sustentada en el testimonio de 70 trabajadores que participaron en la protesta y la Fiscalía Tercera del Ministerio Público hiló su estrategia en torno a los presuntos hechos violentos cometidos por el dirigente y otros cinco acompañantes.
A las 6:00 de la tarde, luego de que las partes expusieron las conclusiones, treinta testigos entraron a la sala principal de audiencia.
La jueza del Tribunal Sexto de Juicio en función penal -Magda Hidalgo- tumbó, en menos de 15 minutos, las esperanzas de la familia y los ferromineros al sentenciar a González a siete años, seis meses y 22 días de prisión por los delitos de instigación a delinquir, violación a la zona de seguridad y restricción de la libertad al trabajo.
Nadie se lo esperaba. La noticia cayó como un balde de agua fría entre los presentes. Hermanos de González, hijas y nietos del dirigente rompieron en llanto y rabia en las adyacencias del Palacio de Justicia.
La hermana del dirigente, Crisálida González repudió la actuación del Poder Judicial. “Mi hermano no se merece esto, esto es porque están vendidos. ¡Ay Dios mío, perdóname Señor! ¡Dios mío ¿Por qué?!”, suplicaba.
“¿Por qué no nos meten preso a nosotros que fuimos que lo llamamos y lo llevamos para allá? ¡Eso es malo lo que le hacen! Señor Presidente, hasta cuándo las injusticias, ¡hasta cuándo! Esto es una injusticia que están haciendo, nosotros los trabajadores lo invitamos a que nos acompañara. Esa juez es una vendida”, dijo Keila Rodríguez, trabajadora de FMO en Ciudad Piar.
Las tres hijas del dirigente lloraban junto a los cinco nietos de González que -en la tarde- preguntaban sobre la posibilidad de regresar a su abuelo a Ciudad Piar.
En la tarde se generaron rumores sobre la libertad del dirigente luego de un presunto acuerdo político. La comunidad ferrominera confiaba en su liberación, no por los tras cámaras partidistas sino porque tenían la certeza de que -luego de 27 audiencias- habían suficiente elementos probatorios que confirmaban la inocencia del secretario general.
Fase conclusiva
Rubén González no frunció el ceño al escuchar la sentencia. Escuchó sereno su condena y al retirarse la jueza, reiteró lo que siempre repitió durante 17 meses de privativa de libertad: “Estaré preso pero hice lo que tenía que hacer”.
A sus hijas les pidió calma y confianza en la justicia divina. “¿Qué son siete años?”, inquirió a los presentes.
Como siempre, el dirigente acudió a la sala con Biblia en mano. En su discurso eludió siempre a la buena voluntad del Señor, reafirmó que no teme a quienes obran con mal y dio gracias a Dios por la experiencia que le ha permitido estar al lado de los desposeídos.
“En los calabozos he estado al lado de drogadictos, delincuentes, violadores, narcotraficantes, ellos salen y yo permanezco. He estado, ciudadana jueza, 17 meses separado de mi familia, de mi esposa con la que he estado 33 años casado”.
La fiscal tercera del Ministerio Público, Fátima Urdaneta, armó sus conclusiones con base al testimonio de cinco testigos, de los cuales dos de ellos la defensa solicitó el delito de audiencia que en lo sucesivo fue desestimado.
En representación del Estado reconoció que en efecto a los trabajadores se les debe dinero por beneficios dejados de percibir.
Cinco con orden de captura
Urdaneta escudriñó para demostrar el “carácter agresivo e intimidatorio” con el que González instigó a los trabajadores de Ciudad Piar -mediante presuntas amenazas, agresiones y daños al patrimonio público- a generar una paralización e impedir el acceso de los ferromineros a su lugar de trabajo.
Un informe presentado por la fiscal, sólo con el logo de la empresa y sin ninguna firma o responsable del documento, fue admitido como prueba bajo la presunción de buena fe.
Durante las conclusiones, la representante del Ministerio Público señaló que otros cinco dirigentes sindicales de FMO tienen orden de captura por haber agavillado e instado a delinquir y en consecuencia generar pérdidas por casi US$ 30 millones al Estado venezolano.
El delito de agavillamiento imputado por la Fiscalía fue desestimado por la jueza, que basó su decisión en un informe presentado por la fiscal tercera, Fátima Urdaneta, y el testimonio de cinco testigos promovidos por el Ministerio Público.
El tribunal desechó la declaración de 70 trabajadores de las minas de San Isidro y Cerro Bolívar que participaron en la huelga de 16 días en reclamo de los beneficios laborales suscritos en la convención colectiva.
La defensa había pedido solicitar el delito de audiencia para dos de los testigos presentados por la fiscal, a razón de que sus declaraciones se contradecían.
Con la declaración de los ferromineros, el abogado Ítalo Atencio intentó demostrar que los trabajadores no fueron instigados para reclamar sus pasivos laborales y que, en ningún momento, hubo daños al patrimonio de la nación más que las pérdidas generadas por la paralización, producto del ejercicio legítimo del derecho a huelga consagrado en la Carta Magna y en los convenios internacionales.
Criminalización de la protesta
Rubén González estuvo privado de libertad durante 17 meses, 13 de ellos en la sede de Patrulleros de Caroní, donde presuntamente cumplirá condena.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió en noviembre de 2010 la libertad “inmediata” del dirigente sindical, así como su indemnización en vista de que los argumentos presentados por el Gobierno eludían a un atropello a la libertad sindical y a un “grave” precedente para el ejercicio del derecho a huelga.
Indignación y desolación
Leonor Olivo, familiar de Rubén González. “Ya con mis votos Chávez no gana, esto parece un comunismo, es demasiado dolor junto”.
Keila Rodríguez, trabajadora de FMO en Ciudad Piar. “¿Por qué no nos meten preso a nosotros que fuimos que lo llamamos y lo llevamos para allá? Señor Presidente, hasta cuándo las injusticias”.
Ítalo Atencio, abogado defensor. “Hubo un silencio de pruebas por parte de la ciudadana juez. Decisión que respetamos pero notamos con preocupación que trajimos 70 testigos y sólo fueron valorados cinco testigos”.
Benjamín Moreno, dirigente sindical FMO. “Rubén González es un preso político, un preso del Estado venezolano, no puede ser que existan chavistas buenos y chavistas malos”.
Denny Sucre, vocero de Unete en el estado Bolívar. “Vemos la aplicación de una injusticia porque vemos cómo Alcasa con cadenas y candados no le pasó nada”.
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